“Lo que hoy es legal, dentro de un año ha perdido toda su vigencia”.

Hace una semana el Gobierno daba luz verde al nuevo Reglamento de Extranjería. El texto contemplaba, entre otros puntos, la imposibilidad de expulsar del territorio nacional a aquellos padres que, aunque se encuentren en situación irregular, tengan a sus hijos escolarizados en nuestro país. Según la norma estos ciudadanos permanecerán España país hasta final de curso. Esta propuesta gubernamental no ha sido vista con buenos ojos por los partidos de la oposición, sindicatos y algunas asociaciones, entre ellas Aliaf.
Tiemoko Dembele, presidente de la Alianza Hispanoafricana tachó la medida de “dramática”. Dembele explicó que, de llevarse a cabo, desvincularía al niño del sistema educativo. “Si tuviéramos que trasladar a un niño a Senegal, este tendría graves problemas de adaptación porque allí los estudios se cursan en Francés, y el primer dilema al que tendría que hacer frente es el del idioma”.

El cabeza visible de Aliaf explicó a EL DÍA  que uno de los problemas principales radica en la propia Ley de Extranjería.
Dembele aseguró que, todavía hoy, no existe una línea clara en  política de inmigración y apostó  reunir a políticos, asociaciones e inmigrantes, para poder crear un documento apoyado por toda la sociedad. “No nos podemos fiar de nada de lo que diga esta norma porque se encuentra en un proceso constante de modificación. Lo que hoy es correcto, dentro de un año ha perdido validez”.

Dembele aseguró que, aunque la culpa es de todos, gran parte de esta rradica en la población inmigrante. “Mucha de la culpa es nuestra porque venimos de países diferentes. Somos y hablamos distinto  y no logramos ponernos de acuerdo. Creo que en España debería existir una entidad federal de todos los que residimos aquí, y si esto no se produce la situación continuará siendo difícil”.

Respecto a la falta de acuerdo, desde Aliaf denuncian que en Albacete hay muchos intereses de por medio a la hora de ayudar a los inmigrantes. “Aseguran que te van a ayudar pero en realidad intentan manipularte. Muchas veces lo hacen con fines políticos, sobre todo ahora que nos encontramos en periodo electoral, y otros simplemente por interés personal”.

En relación a  la próxima cita electoral,  Dembele explicó que  unos mil inmigrantes de la provincia han dado los pasos legales pertinentes para efectuar su derecho a voto y apuntó que la mayoría de éstos son ciudadanos procedentes de Colombia y Perú. “Ellos no tienen el hándicap del idioma con el que nos encontramos nosotros. Como no sabemos expresarnos, los africanos, estamos más manipulados”.

Desde Aliaf recuerdan que es la Ley de Extranjería la que pone la piedra en el camino a los inmigrantes, y piden a los ciudadanos que antes de emitir su voto valores otros aspectos ya que, las políticas de inmigración son competencia del Gobierno central no de los ejecutivos local ni autonómicos.

Desafíos de futuro

Entre los retos, Dembelé explicó que se encuentra la creación  de una comisión interafricana que sirva como representación de los africanos que viven en Albacete.
De los 2.000 africanos que residen aquí, Dembelé apuntó que el 90% son hombres, y habló de la sitaución de invisibilidad que sufren las mujeres en su país de origen. “Actualmente las mujeres de África están mucho más formadas que los hombres, gran parte de ellas ha superado la Universidad, pero todavía continúan siendo un sector invisible de la población”.

El responsable de Aliaf subrayó que las pocas africanas que emigran a España no se relacionan con la población autóctona porque enseguida se quedan embarazas y se convierten en madres de familia.

Dembelé puso en valor el apoyo que los africanos se presetan entre sí y subrayó que si carecieran de este, el 50% de ellos viviría en la calle. “No dudamos en tender la mano porque la solidaridad es algo natural para nuestro pueblo”.

"Es solo un parche"

Desde Asamblea de Coperación por la Paz (ACPP), su técnico de Educación, Héctor García, destacó el  punto que contempla la permanencia en España de aquellos inmigrantes que aún estando en situación irregular tengan hijos escolarizados. “Consideramos una incoherencia que se permita a algunos padres el privilegio de permanecer unos meses más en España”.

Desde ACPP se preguntan cuáles serán los pasos a seguir por el Ejecutivo español cuando concluya este plazo y denuncian la situación en la que quedará ese niño. “No sabemos si los niños serán repatriados al país de origen de sus padres o se dividirán las familias y los pequeños quedarán a cargo de los servicios sociales españoles. Hay mecanismos mucho m ás eficientes que ese privilegio”.

Para García esta medida es solo un parche que no ayuda a solucionar la problemática real porque no actúa en la raiz del problema. La entidad entiende que las políticas adecuadas pasarían por alcanzar el 0,7% para accioes de cooperación y desarrollo. Además, apuntó que es importante dotar a los países subdesarrollados de mecanismos que les ayuden a salir de esa situación.  “Desde ACPP apostamos por la justicia social y creemos que es importante respetar los flujos migratorios, y esto es algo que no se puede detener porque el pobre siempre tenderá a abandonar esa situación. Los gobiernos deberían estar más comprometidos con los problemas sociales.