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Martes, 10 enero 2017
Economía

El rescate bancario costó 60.718 millones de euros y puede aumentar

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NACIONAL | eldiadigital.es 0 Comentarios

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015”. Esta fiscalización, realizada a iniciativa del propio Tribunal, tiene su antecedente en el “Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria, referida al periodo 2009-2012”, que fue aprobado por el Pleno de la Institución el 27 de marzo de 2014.

Las entidades objeto de esta fiscalización han sido: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían hasta el 15 de octubre de 2011 y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito -que sustituyó a los anteriores-; y el Banco de España, como institución supervisora del sistema bancario.

 

Esta fiscalización tiene los siguientes objetivos: verificar que las actuaciones realizadas en los procesos de reestructuración bancaria por el FROB, los Fondos de Garantía de Depósitos y el Banco de España en el periodo 2009-2015 se adecuan a la normativa aplicable en esta materia; comprobar que las actuaciones de seguimiento y control de la ejecución de los procesos de reestructuración, implantados por las entidades citadas, han sido adecuadas a la normativa aplicable en esta materia; así como estimar el coste, actualizado a 31 de diciembre de 2015, de las ayudas públicas concedidas por las referidas entidades en los procesos de reestructuración bancaria desarrollados durante el periodo 2009-2015.

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El informe concluye, en referencia a los recursos públicos comprometidos en la reestructuración bancaria (importe monetario de todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos adoptados por las entidades fiscalizadas en ejecución de los procesos de reestructuración) que, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2015, el importe ascendió a 122.122 millones de euros.

 

En este sentido, la fiscalización también apunta que, al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones. Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.

 

Sin embargo, no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público. Según las estimaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros. El principal componente de este coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas (46.021 millones de euros).

 

La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración. De esta forma, para interpretar adecuadamente el dato de coste estimado al cierre de 2015, debe tenerse en cuenta el hecho de que ciertas operaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, como la venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015, pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe. 

 

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