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Sábado, 18 marzo 2017

AL HILO DE LA SEMANA

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Desde hace años las diferentes administraciones públicas tanto del PP, como del PSOE o Nacionalistas fueron externalizando parte de las actividades que les eran propias, como la limpieza de los  edificios públicos, la seguridad, la recogida de basuras y limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, o el servicio socio sanitario, por referir algunos de los emblemáticos.

 


Las razones de estas externalizaciones hay que buscarlas esencialmente en la reducción de costes salariales, ya que otros argumentos como la eficacia, la productividad, etc. son pura falacia. 

 


Las administraciones adjudican estos servicios a empresas privadas mediante concursos públicos. 

 


Los diferentes convenios colectivos sectoriales negociados por CC.OO. y UGT han ido regulando temas que afectaban directamente a estos colectivos. Concretamente que para el supuesto de que se produjera un cambio de empresa, la nueva adjudicataria ha de subrogar a los trabajadores adscritos al servicio y respetar sus derechos laborales, lo que ha permitido una cierta estabilidad en el empleo. Clausulas que se han ido introduciendo también en los diferentes pliegos de condiciones, aunque ha habido intentos por partes de algunos Gobiernos Autónomos y Municipales del PP de eliminarlas. 

 


La feroz competencia entre las empresas para obtener la adjudicación les lleva a plantear bajas temerarias que no cubren ni siquiera los salarios establecidos en los convenios. Y una vez lograda la contrata intentan trasladar esa rebaja directamente a los trabajadores mediante reducciones de plantilla, de jornada y de salarios, retrasos o impagos de estos, o dejando de cubrir las bajas por enfermedad, vacaciones, días de asuntos propios, etc.  
Todo ello ha venido y viene produciendo importantes conflictos laborales. Ejemplos los tenemos a cientos. 

 


Esta situación  no solo es achacable a la irresponsabilidad de las empresas que ofertan esas bajas temerarias, sino muy especialmente a las Administraciones Publicas, que las aceptan y siguen estableciendo el precio como elemento central de adjudicación -un 80%, dejando sólo el 20% para valorar posibles mejoras-; al tiempo que no establecen cláusulas de penalización a las empresas incumplidoras ni impiden participar a las que tienen antecedentes por ello.

 


En Castilla-La Mancha, el Gobierno Barreda firmó con los sindicatos un  importante acuerdo sobre las condiciones que habrían de incluirse en los pliegos que regulan los concursos, y que no eran otras que las anteriormente referidas.  

 


Pero llegó Cospedal con sus recortes y derogó de inmediato ese Acuerdo y recortó además un 20% el montante económico de las contratas, tanto en vigor como las de los nuevos concursos. Recortes que las empresas aceptaron sin rechistar, y que intentaron trasladar a los empleos, los salarios y los derechos de los trabajadores, provocando un fuerte malestar entre los mismos. Modelo que fue seguido de inmediato por aquellos Gobiernos donde gobernaba el Partido Popular en todo el pais.

 


No es un tema baladí. Afecta a las condiciones de trabajo, los salarios y la estabilidad en el empleo de miles y miles de trabajadores, especialmente mujeres. 

 

Con la llegada de Page al Gobierno se abrió la esperanza de reeditar aquel acuerdo y poner fin a esta lamentable situación; pero lo cierto es que a fecha de hoy sigue sin hacerse realidad. 

 


Page y su Gobierno tienen una obligación: retomar aquel acuerdo sin dilación si no quiere poner en riesgo su propia credibilidad.

 


Los sindicatos de clase, especialmente los que se ven afectados muy directamente, como los de Construcción y Servicios, los de Administración Publica y Sanidad, tiene la obligación de tomar este problema con prioritario y exigir a los diferentes Gobiernos: Central, Autonómicos, Provinciales y Municipales un acuerdo sobre el tema que garantice el empleo, su estabilidad,  sus derechos, e impidan que los pliegos de condiciones que el precio este por encima de las condiciones laborales, sociales, o de seguridad, y que regulen de una forma clara e inmediata la rescisión del contrato a la empresa adjudicataria; y al tiempo se realice un mapa con aquellas empresas incumplidoras y sean vetadas para participar en ningún concurso mas.

 


Dar solución a problemas como este, son los que permitirán hacer sindicato y sobre recuperar la credibilidad de estos ante los trabajadores y la sociedad.

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