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Jueves, 11 mayo 2017
Tribunales

Cientos de afectados por el caso Nadia declaran en comisarías y comandancias de toda España

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SUCESOS | ELDIAdigital 0 Comentarios

"Cientos" de personas declaran en comisarías y comandancias de toda España a petición de un juzgado de la Seu d'Urgell (Lérida), como afectadas por la estafa del caso Nadia, la niña mallorquina que vivía en Figols (Lérida) con tricotiodistrofia, para la que sus padres recaudaban dinero con el fin de operarla en Estados Unidos aunque nunca viajaron al país.

El abogado de la madre, Alberto Martín, ha declarado a Europa Press que "se han rastreado las cuentas y se ha llamado a declarar en Murcia, en Toledo, en Salamanca, en Badajoz, en Madrid, en Palma y en otras ciudades".

 

"Hay cientos, porque se les ha buscado", ha añadido el defensor de la madre, Margalida Garau, que hace tres semanas renunció a representar al padre, Fernando Blanco, en prisión preventiva desde diciembre.

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No todos los afectados declaran en presencia del juez, sino desde su lugar de residencia: ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Mossos d'Esquadra.

 

Se investiga a los padres por un presunto delito de estafa agravada de 918.700 euros, porque pudieron lucrarse de la enfermedad de su hija, sirviéndose de la Asociación para la tricotiodistrofia y enfermedades raras de Baleares, a través de la que recaudaron importantes sumas.

 

 

PRESUNTA PORNOGRAFÍA INFANTIL

También se investiga si hay delitos de exhibicionismo y provocación sexual y de pornografía infantil, por las fotografías y vídeos que el padre llevaba cuando fue arrestado e intentaba huir al descubrirse la estafa.

 

El abogado Alberto Martín presentó hace tres semanas la renuncia a continuar con la defensa del padre para centrarse en la madre, con la intención de que ella --que según el letrado no manejaba las cuentas-- recupere la tutela de la niña, que vive con una tía materna en Mallorca.

 

Martín asegura que hace dos semanas pidió que se archivara el proceso de las fotografías porque considera que no se ha verificado "ninguna conducta digna de reproche penal".

 

"Lo hemos argumentado después de todas las diligencias practicadas, y el juzgado ha dado traslado al abogado de la Generalitat, que representa a la menor, y a la Fiscalía", añade el letrado.

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