Martes, 27 diciembre 2011
Por la adjudicación irregular de una plaza en una oposición

La juez manda al Supremo la querella contra Martín

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Ciudad Real - Valdepeñas | El Día 14:35 | 0 Comentarios

Es un mero trámite ya que al publicarse el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado la causa contra el alcalde y ahora senador no puede ser investigado por el Juzgado de Instrucción nº2 de Valdepeñas, sino que la instrucción debe depender de la sala segunda del Tribunal Supremo.

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La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas ha dictado un auto por el que se inhibe en la causa de la querella interpuesta contra el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, por un opositor a una plaza de técnico de administración general. En la querella, el alcalde y senador está acusado de prevaricación, por el supuesto fraude detectado en la oposición, en la que se adjudicó el puesto de funcionario a otro opositor, hijo del Interventor del Ayuntamiento.El proceso de selección, celebrado en 2003, tuvo que repetirse en 2009, al estimar en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que el tribunal de la oposición estaba 'contaminado'.

Una vez se resolvió la denuncia por la vía administrativa, el caso pasó a la Penal donde se sigue investigando. Ahora la juez ha acordado inhibirse en la instrucción, después de admitir a trámite la querella. La juez traslada la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dado que su juzgado no tiene competencia para investigar a una persona que goza de la calidad de aforado. Jesús Martin adquirió el estatus de senador por Ciudad Real tras las elecciones generales del pasado 20 de noviembre y su nombramiento ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Será el Tribunal Supremo, como máxima instancia jurisdiccional y única donde pueden ser procesados los parlamentarios, el que continúe con la instrucción de la querella, aún en fase de diligencias previas.

Esta causa se suma a otra abierta también contra el alcalde, el concejal portavoz del equipo de gobierno y dos funcionarios, acusados todos de prevaricación y tráfico de influencias como consecuencia del proceso de selección de la plaza de un arqueólogo municipal.
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