Las viviendas quedaron embargadas porque el constructor debía una elevada cantidad de dinero a proveedores a pesar de que los propietarios le hicieron varias entregas a cuenta que superan los 30.000 euros en todos los casos.

Alrededor de 25 vecinos y vecinas de la localidad toledana de Quintanar de la Orden se siente engañados y estafados por el constructor, Francisco López Torresano, encargado de realizar las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que habían adquirido y por las que llevan luchando desde el año 2006.

La constructora Proinlop S.L. puso en marcha tres fases de viviendas en Quintanar de la Orden. Desde el primer momento, los propietarios hicieron entrega al constructor de todos los pagos que se solicitaban y que superan los 30.000 euros en todos los casos; sin embargo, el tiempo ha ido pasando, y las obras quedaron totalmente paralizadas, siendo los más perjudicados los de la tercera y segunda fase pues las obras no alcanza ni el 50% de su ejecución. Pero la preocupación real de los propietarios comenzó cuando observaron que las obras no avanzaban, que no había trabajadores en el lugar y que se rumoreaba que el constructor había huido. "Intentamos ponernos en contacto con él y era imposible, las oficinas estaban cerradas, el teléfono no lo cogía y no hacía acto de presencia por la obra", explicaba esta vecina.

Dada la situación comienzan a movilizarse y a pedir explicaciones  en Caja Madrid que es quien financiaba la construcción y la entidad en la que tenían que subrogarse en los préstamos, donde aseguran no saber nada, les piden calma y les aseguran que hay suficiente dinero para terminar las obras.

Pero el tiempo avanza y las soluciones no llegan por eso deciden contactar con un abogado, exponerle el problema y trabajar en el asunto. Es entonces cuando descubren que las casas están embargadas, porque la constructora debe dinero a un gran número de proveedores, las certificaciones están embargadas y por eso las obras están paradas siendo la única solución levantar el embargo que pesa sobre ellas. El problema es que el constructor alega que no tiene dinero y que no va a pagar la deuda -que asciende a más de360000 euros- de hecho se dio a la fuga y no ha aparecido por la localidad ni ha dado la cara, dicen los afectados.

"Esto ha sido una estafa en toda regla, porque todos los propietarios hemos entregado la cantidad de dinero que nos solicitaba en su momento y con el que tenía que haber ido pagando a los proveedores pero ese dinero parece haber desaparecido", apuntan.

En busca de soluciones
En esos momentos de incertidumbre y desesperación estudian la posibilidad de negociar directamente con los proveedores, de manera que los propietarios aportaran una nueva cantidad para intentar saldar parte de la deuda existente a cambio de que los acreedores levantasen los embargos, aunque no fue una opción viable pues aunque se saldara la deuda, las obras no podrían finalizarse sin la firma del constructor "por eso necesitábamos que se presentara él o diera los poderes a alguien".

Además compradores y abogados han mantenido reuniones con el que fuera delegado de Obras Públicas, han buscado el apoyo del Ayuntamiento y han intentado negociar con Caja Madrid, aunque, todos los esfuerzos han sido en vano y, finalmente, el pasado mes de diciembre tuvo lugar el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria de Caja Madrid contra Proinlop. Se celebró la subasta pero ésta quedó desierta pues no hubo nadie que pujase por las viviendas con lo cual serán adjudicadas a la entidad bancaria.

Según explicaba el abogado, existe una fórmula conocida como "cesión de remate", por la que Caja Madrid puede ceder  a los compradores cada vivienda por el precio que se adjudique a la misma y así está previsto que se lleve a cabo. El problema, es que existen tres fases, los compradores de la primera  no tienen ningún inconveniente en acceder a esta opción pues tienen las casas prácticamente terminadas; sin embargo las 18 restantes están sin acabar y no les compensa.

Ahora, las 25 familias afectadas están a la espera de poder adquirir su vivienda y esperan que, tras las diversas conversaciones y reuniones con Caja Madrid -quién siempre ha mostrado su buena disposición- la cesión pueda llevarse a cabo con unas condiciones favorable para estos compradores.

Acciones legales contra el empresario
Cabe destacar que se iniciarán acciones legales contra el empresario, Francisco López Torresano al entender que se han cometido cuatro delitos. Por un lado el delito de coacciones mandando mensajes a los compradores obligándolos a realizar ciertas actuaciones bajo la advertencia de que en caso contrario se entendía que renunciaban a sus viviendas.

Por otro, un delito de la apropiación indebida porque ha recibido dinero en concepto de pago de IVA y de unas escrituras que ha destinado a otros fines. También se le acusa de un delito de estafa porque las cantidades que los compradores le iban entregando tendrían que haber estado avaladas.Y también, podría darse el delito contra los derechos de consumidores y usuarios.