Ha tendido la mano al Psoe para que ambos soliciten la celebración de un pleno extraordinario.

El portavoz de Ciudadanos por Villarrobledo, José Antonio Cabañero, ha tendido la mano al Grupo Socialista para que entre ambos soliciten un pleno extraordinario en el que la Coporación Municipal debata sobre el futuro del Hospital General. Cabañero ha reiterado el apoyo de su grupo a la recientemente constituida Plataforma en Defensa de lo Público, para que este hospital, que da cobertura a  más de70.000 personas y que fue construido con dinero público, no cambie su actual modelo de gestión.

Cabañero también se mostró en contra de que el ‘Modelo Alzira’ sea el referente para el Hospital de Villarrobledo. Y es que, en opinión del portavoz de CIVI, este modelo consiste en la concesión de un servicio público para atraer capital privado, sin tener que recurrir al endeudamiento de las arcas regionales, a cambio de la adjudicación de la prestación de los servicios a la empresa privada durante un largo período de tiempo, incluyendo todos los servicios clínicos mediante un sistema de pago y factura.

Por ello, desde CIVI entienden que si entra una gestión privada en lo público, “tendremos una asistencia de menor calidad y más cara”. Y es que la pregunta que se hacen desde este grupo político es que si este hospital no es viable, ¿Qué empresa y para qué lo va a querer gestionar?. Cabañero recordó que los ciudadanos de esta comarca están muy preocupados por las informaciones contradictorias que aparecen diariamente en los medios de comunicación, ya sea a través del director del Sescam, el gerente del Hospital o el coordinador del Centro de Salud.

Para José Antonio Cabañero, este hospital es “el peor ejemplo de como se desarrollan los hechos y sus posibles consecuencias después de doce años de andadura con este sistema”.
Para reforzar esta argumentación, Cabañero leyó un artículo aparecido en Discovery Salud, en el que se explica que este centro  fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE Ribera Salud) formada por Adeslas con el 51 por ciento, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con otro 45 por ciento, ACS Dragados con un 2 por ciento y Lubasa con el restante 2 por ciento. Éstas construyeron el hospital por 72 millones de euros aunque en un principio se anunció que serían 41. Su explotación duraría diez años pasados los cuales el hospital revertiría al sector público.

Pues bien, tras cuatro años de actividad la UTE Ribera Salud reconoció unas pérdidas de 5,24 millones de euros. Entonces la Consejería de Sanidad del gobierno valenciano extinguió el contrato y fue al “rescate” del hospital abonando a la unión de empresas propietaria del complejo sanitario el importe de la inversión realizada, además de los 6 años de explotación que restaban, y otros 43,9 millones de euros por los activos que quedaban por amortizar.

Gestión sanitaria
A continuación la Consejería de Sanidad valenciana convocó un nuevo concurso de gestión sanitaria de la comarca incluyendo esta vez entre lo privatizado la Atención Primaria de la zona (que incluye trece centros de salud) y, de paso, mejorando las condiciones económicas para la empresa adjudicataria,  y se alargó el periodo de concesión a 15 años prorrogables otros cinco). Casualidades de la vida -o no tanto- la concesión recayó en la misma empresa,UTE Ribera Salud, que había hecho fracasar el primer proyecto de hospital PFI en España. A partir del año 2003, con las nuevas condiciones, los accionistas de Alzira comenzaron a repartir ganancias: 3,1 millones de euros en el 2007).Los trabajadores del centro creen que a esta situación se ha llegado en parte porque las plantillas están sobreexplotadas y desmoralizadas. 

En opinión de Cabañero estos datos reflejan que este modelo no puede ser el que se ponga en práctica en Villarrobledo. Cabañero pidió a los ciudadanos que acudan a la manifestación del próximo día 29 de enero que partirá de la Plaza de Ramón y Cajal y terminará en el hospital. Por último se hizo eco de una frase del ex-alcalde de Villarrobledo, Francisco Segovia, en la que venía a decir que “lo que no es público es mercancía, y la salud no puede ser un mercadeo”.