Los sindicatos no están dispuestos a cambiar ni un ápice su postura contraria a la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en el sector de la construcción y en la Administración Pública, ni tampoco a que éstas tengan la consideración de agencias privadas de empleo. Y ello a pesar de que la Directiva comunitaria que regula este tipo de compañías, y en la que se obliga a suprimir estas restricciones fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico en abril del pasado año. Eso sí, la ley que debe desarrollarla todavía no se ha aprobado.

Las empresas de trabajo temporal (ETT) han vuelto a la carga en su vieja reivindicación de que se les autorice la intermediación laboral en todos los sectores donde actualmente intervienen los servicios públicos de empleo de las diferentes comunidades autónomas.

Los más de cinco millones de personas sin empleo y una tasa de paro que al finalizar el tercer trimestre de 2011 superaba con creces el 21% constituyen argumentos más que suficientes para que la patronal de estas empresas de colocación reclame un cambio en el actual modelo laboral, basado en la potenciación de las políticas activas de empleo.

"Nosotros apostamos por que haya una mejor interrelación entre las políticas pasivas llevadas a cabo por el Gobierno central y las activas gestionadas por las Comunidades Autónomas, para garantizar que los trabajadores que pierden su puesto de trabajo mantengan, no sólo un nivel de renta, sino también su nivel de empleabilidad y puedan adaptarse así con mayor facilidad a las nuevas necesidades que surjan en cada momento", explicaba a EL DIA Lorenzo Rivarés, portavoz de Agett.

Y para conseguir este objetivo, la patronal pide que se reconozca jurídicamente la capacidad de las ETT para ser consideradas Agencias Privadas de Empleo. "Resulta incongruente que las autonomías tengan transferidas las políticas activas y, sin embargo, éstas no puedan decir cómo y con quién realizarlas", añade Rivarés.

En este sentido, recuerda que a pesar de que en abril del pasado año se transpuso la Directiva 2008/104 CE que elimina las restricciones que padece el sector en nuestro país todavía no se ha aprobado la ley que la desarrolla, generándose de esta forma una grave situación de impotencia.

Las cifras manejadas por esta asociación hablan de que mientras que la tasa de intermediación de los servicios públicos de empleo (SPE) en los sectores donde pueden operar las ETT es del 1,9%, la de éstas se sitúa en el 13,4%.

Castilla-La Mancha figura entre las comunidades autónomas donde se registra una menor actividad de las ETT, con un grado de colocación de trabajadores del 9,5%. Un porcentaje que dista bastante del 26,3% de Murcia y del 25,2% de Navarra.

En el caso del SPE la región castellano-manchega sí aparece por encima de la media nacional, con una tasa del 3,5%, según los datos de Agett.

¿Pagar por los servicios?
Una posibilidad sobre la que los sindicatos no quieren ni oír hablar y que siempre han rechazado frontalmente. "Las ETT lo único que quieren es entrar en el mercado para llevarse una parte del pastel", señalaba el secretario de Acción Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Pedro de la Cruz,.

"Nos oponemos radicalmente a la entrada de la iniciativa privada en el campo de las políticas activas de empleo, entre otras cosas porque habría que pagar por su intermediación y se acabaría con el principio de justicia social que impera actualmente en la intermediación por parte de los servicios públicos de empleo", añade.