Para el magistrado que ha llevado la instrucción de la tercera de las causas abiertas contra el juez Garzón,  existen indicios suficientes para imputar al denunciado un delito de “cohecho impropio”. Según el magistrado Marchena, Garzón habría pedido y obtenido hasta 1,2 millones de dólares a importantes empresas para el patrocinio de actividades por él dirigidas durante los años 2005 y 2006 en Nueva York. Cantidades que en opinión del juez instructor habrían sido entregadas "en atención a su condición de juez".

Para un país alzado contra la corrupción, que ha sentado en el banquillo a un presidente de comunidad autónoma al que se acusaba de haber aceptado como regalo nos trajes, el delito de “cohecho impropio” adquiere unas connotaciones mucho más graves de lo que supone, y no tanto por los hechos punibles, sino por lo que se supone inmediatamente ligado a los mismos. Todos damos por hecho que si Correa regalaba trajes a Camps, no lo hacía a cambio de nada, o en agradecimiento a nada. de hecho, su absolución no ha lavado la imagen de un presidente cuanto menos incauto en sus amistades.

Ahora, a Garzón no se le acusa de aceptar donaciones para los cursos que dirigía, sino de solicitarlas él mismo, sabiendo además que esas donaciones, esas participaciones, resultaban canto menos necesarias para sufragar unos cursos delos cuales él extraía beneficio, aunque el pago viniera de la universidad que los acogía. Si además, los donantes a los que Garzón se dirigía, estaban, habían estado, y iban a verse implicados en procesos judiciales instruidos por él, resulta lógico que se abra una instrucción y se delimite la existencia o no de un delito que, vistas las cantidades, es menor.

Según el instructor, Garzón habría conseguido donaciones de 1,2 millones de dólares, y habría llegado a pedir hasta dos millones de dólares. La universidad pagó la nómina correspondiente al juez por dichos cursos, e incluso hubo retribuciones en especie.

Una vez más, esperamos que garzón sea inocente, y que se demuestre que la acusación no es cierta. Al igual que en el caso de Camps, es la acusación la que debe desmostar que existe relación directa entre las donaciones y los procesos judiciales donde se vieron implicados los donantes. Pero que nadie dude que vista la imputación, el juicio es conveniente para todos.