Los socialistas creen que el cementerio es “un retroceso y un peligro añadido”. La concejal de Industria, Marta Pérez, considera que desde la oposición se abusa de hipocresía en este tema ya que fue el PSOE el que redactó un plan de gestión de residuos radioactivos incoherente.

Con el voto a favor de Izquierda Unida, el Partido Socialista defendió con éxito una moción en la que se mostró en contra de la implantación del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas, al considerarlo como “un retroceso y un peligro añadido” que, además, extendieron a cuatro localidades de la provincia de Albacete, que se hallan más o menos cerca del lugar en el que se va a implantar una infraestructura que Ramón García insistió en rechazar. Marta Pérez, concejal de Industria, resumió la intervención del concejal socialista desde la “hipocresía” porque, recordó, fue el Partido Socialista quien redactó un plan de gestión de residuos radioactivos; “incoherente”, al no defender proyectos como éste que, dijo, suponen una inyección económica y de puestos de trabajo, y “desinformación”, al aludir a la unanimidad que existe entre todas las partes implicadas para acoger esta infraestructura, por lo que criticó el papel negativo de la oposición.

Ramón García se defendió reivindicando la coherencia de su partido al rebelarse contra esta obra, tanto en el Gobierno, como ahora en la oposición, indicó, antes de acusar a los populares de “cinismo” en su visión sobre este tema. Jesús Tébar recordó que, hasta la fecha, los ciudadanos han de pagar un impuesto de moratoria nuclear que el portavoz del Gobierno cifró en 700.000 millones de pesetas, y avisó que sin energía nuclear se debería incrementar el recibo de la luz, al tiempo que se ahorrarán unos 200 millones de euros al evitar el traslado de residuos hasta Francia.

Libros de texto gratis
Otra de las mociones que se aprobó tuvo que ver con la defensa que realizó Agustín González reclamando la restauración de la gratuidad de los libros de texto que, de cara al próximo curso, retirará el Gobierno de Castilla-La Mancha, al advertir el concejal socialista el «perjuicio» que causará a las familias del municipio que, como mínimo, tendrá que gastar unos 300 euros en este concepto.

En su intervención, la concejala de Educación, Irene Moreno, reconoció “lo impopular” de esta medida, incluso desde el punto de vista electoral, de cara al futuro, pero la consideró «inevitable» en este escenario de crisis económico. También avisó que no se descarta volver a retomarla en otro contexto de bonanza. En este sentido, la concejala popular quiso defender “el sentido de responsabilidad” de su Gobierno, al resumir como una política “muy sencilla la de invitar y que pague el que venga”.

Pero antes de exponer su última moción en el Salón de Plenos, Diego García defendió con éxito, gracias al apoyo de IU, una propuesta en la que lideró la necesidad de contar con una sanidad pública, universal y gratuita, tras alertar del desmantelamiento que, haciéndose eco del sindicado médico, se ha producido en el Hospital de Hellín. Así, como ya declaró la pasada semana, Caro alertó de recortes, de los que se tomó buena nota la concejala del área, para indagar, en el personal del Servicio de Urgencias y, en el futuro, en la Unidad de Cuidados Intensivos; así como Rehabilitación, Radiología, Pediatría, Consultas Externas, ya que por las tarde-detalló- sólo abrirán dos de los 48-al igual que los quirófanos, que cerrarán por las tardes y sólo actuarán ante urgencias, por lo que alertó de listas de espera, junto al despido de cuatro personas en servicio de limpieza. Covadonga López defendió una Sanidad “sensible y cercana” a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia y condición económica, tras aclarar, en relación a la controversia sobre un servicio público o privada, cómo ambos vienen complementándose de manera correcta a lo largo de las últimas décadas.