Consideran que el Gobierno de Cospedal solo sirve para generar más desempleo. Los políticos socialistas observan una política “sectaria” por parte de la Junta de Comunidades, con su presidenta a la cabeza, y piden igualdad en el trato sin juzgar el color político.

El viceportavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Albacete, Ramón García, y la diputada provincial Concepción Vinader, presentaron las cuatro mociones que, junto a la referida al Plan de Obras y Servicios, defenderán en el Pleno de mañana, y que tienen como denominador  común la defensa de los servicios públicos y del empleo, frente a los recortes y decisiones del Gobierno de Cospedal.

Ramón García ha empezado refiriéndose a la moción en la que se plantea al Pleno que exija a la Junta de Comunidades que dé un trato igualitario a todos los ayuntamientos de la región, tras haber detectado en este último mes, cuando la Junta ha comenzado a pagar algunas de sus deudas con las administraciones locales, que en clave netamente partidista, está librando cantidades significativas a ayuntamientos gobernados por el PP, en perjuicio de las corporaciones y por ende de los ciudadanos de poblaciones con alcalde o alcaldesa socialista. El viceportavoz  recordó cómo los consistorios castellano-manchegos han sufrido que Cospedal les sometiera durante meses a una asfixia económica sin precedentes, negándoles los fondos para mantener servicios que prestaban a los ciudadanos, muchos de ellos de competencia de la propia administración regional.  “Durante estos meses, los Ayuntamientos se han visto obligados a suprimir o reducir de manera importante servicios como ayuda a domicilio, guarderías, ludotecas,  teleasistencia, centros de la mujer…, y a despedir a muchos trabajadores que desempeñaban sus funciones en estos centros”.  El Grupo Socialista pretende que el Gobierno de Castilla-La Mancha ponga fin a esta política sectaria contra los Ayuntamientos gobernados por el PSOE y proceda a una distribución de los recursos de manera equilibrada y racional, pensando en todos los ciudadanos y no en los intereses partidistas del PP.

Desmantelamiento drástico
La segunda moción se refiere a las medidas que afectan a la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla- la Mancha (Geacam), cuyo presupuesto para 2012, previsto en torno a 150 millones de euros, se verá reducido en algo mas del 52% (quedando en 74 millones), recorte que se traducirá en tres  alternativas posibles:  una, extinción de 600 empleos mediante un ERE; dos, suspensión temporal de contratos 5 meses al año; y tres convertir los contratos fijos en  fijos discontinuos con solo 8 meses de trabajo al año.

El viceportavoz socialista aseguró que esto supondrá un desmantelamiento drástico de medios aéreos, terrestres, e infraestructuras; el empeoramiento de los equipos de protección con los que el personal se enfrentará el próximo año a los incendios forestales; más trabajadores en el paro y más nivel de pobreza en nuestra comunidad, ya que la mayoría de los trabajadores de Geacam viven en áreas rurales. Por su parte, la diputada provincial Concepción Vinader explicó que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado  un proyecto de Ley que pretende modificar 12 normas de gran importancia para esta Región, entre las que se encuentran la Ley de Educación, la Ley de Garantías en la Atención Sanitaria, la Ley de Prevención de Malos Tratos, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Familias Numerosas.

Peligro para la escuela rural
Este proyecto además deroga la Ley de Garantía de Acceso a la Vivienda. “Se trata, por tanto, de una modificación jurídica  para dar cobertura legal al brutal plan de recortes promovido por el Gobierno de Cospedal, que está originando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público regional, el cierre de empresas y el desmantelamiento del estado de bienestar y los servicios públicos básicos de los que disfrutaban los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, ha señalado la diputada socialista.

Vinader señaló que esta ley supone un serio peligro para la escuela rural en Castilla-La Mancha, así como la introducción del copago, pues las personas que soliciten la aplicación de la Ley de Dependencia tendrán que pagar el coste de la valoración al eliminarse su gratuidad. La diputada precisó que además, en el Servicio de Ayuda a Domicilio, gestionado en Albacete por el Consorcio de Servicios Sociales, dependiente de esta Corporación, se ha comunicado a los ayuntamientos de la provincia la rebaja en un 50% del número de horas de dicho servicio. “Esto va a suponer un ajuste de la plantilla, y por tanto despidos, de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio contratadas por el citado Consorcio”.