El Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' a la reforma del sector financiero que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros y entre cuyos objetivos se encuentra el de conseguir reactivar el crédito. Algo sobre lo que una gran parte del tejido empresarial se muestra desconfiado, especialmente en el corto plazo.

Con escepticismo. Así ha recibido una gran parte del tejido empresarial la reforma financiera aprobada ayer viernes por el Consejo de Ministros. Y no porque las pequeñas y medianas empresas y los autónomos consideren que es negativa, sino, fundamentalmente, porque desconfían de que las entidades financieras abran el grifo del crédito que actualmente se encuentra cerrado a cal y canto, tal y como espera el Gobierno.

"Está claro que mientras que en este país no se obligue a la banca a destinar una parte de sus recursos a financiar a los que realmente generan empleo todo tipo de medidas que se tomen acabarán en saco roto".

Así de contundente se mostraba a Economía y Empresas el presidente de la Asociación Española de Impagados de la Construcción (Aepic), José María Carrasco, recordando que el incremento en casi un 17% en el número de concurso de acreedores durante el pasado mes de enero es una muestra clara de que las cosas no se están haciendo bien y "de que ya va siendo hora de que se deje de ayudar a bancos y cajas de ahorros".

En este sentido, recuerda la negativa experiencia del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al que califica de "un auténtico fracaso", entre otras cosas porque a la hora de la verdad el que tiene que aprobar o denegar la operación es la entidad de turno.

"Por este motivo -añade- habría que imponer que un porcentaje del dinero que recibe la banca al 1% se destine a familias y empresas y evitar que pase como ahora, que el cien por cien de lo que obtienen lo dedican a acumular deuda española y de otros países, colapsando de esta forma el ciclo económico".

Consecuencias
En la misma línea se expresa el presidente de la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla La Mancha (CEAT), Aureliano Rodríguez, aunque prefiere hacer hincapié en la viabilidad o no de las entidades financieras.

"Al igual que la banca española se queja de que no está en igualdad de condiciones que el resto de sus homólogas europeas nosotros también pedimos que los bancos y cajas de ahorros que no sean viables cierren, como cualquier otro negocio, y no que subsistan a costa del bolsillo de los contribuyentes", indica.

Y es que tal y como recuerda muchas de las empresas y trabajadores por cuenta propia que se han visto obligados a cesar en su actividad lo han hecho, no por falta de financiación, sino porque la banca se ha negado a renovarles los créditos que tenían contratados desde hace años.

Algo que temen que siga ocurriendo, al menos en el corto plazo, a tenor de los cerca de 50.000 millones de euros que va a suponer el saneamiento del sector financiero. Una cantidad que se destinará, en su mayor parte, a elevar las provisiones sobre los activos problemáticos que actualmente tienen los bancos, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria.

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Activos problemáticos
Los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor del conjunto del sistema financiero español ascienden a 323.000 millones de euros (a 30 de junio de 2011), de los que 175.000 millones se encuadran en la categoría de problemáticos (88.000 millones en suelo y promoción en curso y 87.000 millones en promoción terminada y viviendas adjudicadas).

Los niveles medios de cobertura actual de las entidades sobre el conjunto de activos problemáticos se sitúan entre el 31% (suelo), 27% (promociones en curso) y 25% (promoción terminada y viviendas).

Para los activos problemáticos se establece una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a resultados, por un importe próximo a 25.000 millones de euros. Se prevé, además, un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada...), por un importe estimado en torno a 15.000 millones de euros.

En el caso de los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria se establece una provisión genérica del 7%, en previsión de un posible deterioro futuro, dado que representan un riesgo más elevado que el resto de la cartera crediticia. Esta provisión se realizará contra resultados y su importe estimado estará en torno a 10.000 millones de euros.