El Tribunal General de la UE ha confirmado esta semana la sanción impuesta en 2008. Castilla-La Mancha, junto con Extremadura, eran las regiones con mayores irregularidades. La Junta asegura que esta multa no afectará ni a los presupuestos ni a los viticultores.

 
El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado el recurso presentado por España contra la multa de 54,9 millones de euros que la Comisión Europea impuso a nuestro país por considerar insuficientes los controles realizados para impedir plantaciones ilegales de viñedo durante los ejercicios financieros 2003 y 2004. Este importe, que ya fue liquidado en el año 2008 por el Estado, no afecta a los presupuestos de Castilla–La Mancha ni a los viticultores de la región.
   
Las principales irregularidades detectadas por Bruselas en la plantación de viñas en nuestro país tenía precisamente su origen en nuestra región junto con Extremadura sumando entre ambas más de 9.000 hectáreas plantadas con irregularidades.

El importe de la cantidad corregida equivale al 10 por ciento de los gastos declarados durante los ejercicios financieros 2003 y 2004 en concepto de ayuda para el almacenamiento privado de vino, ayudas para la destilación y almacenamiento de alcohol, ayuda para la utilización de mosto y restituciones por exportación en el sector vitivinícola.
España presentó recurso de anulación, por considerar desproporcionada la corrección financiera en relación con la debilidad detectada, así como por entender que no se habían respetado determinadas garantías en el procedimiento.

Los argumentos
En la sentencia dictada esta semana Tribunal General de la Unión Europea (UE) se rechazaron las argumentaciones españolas dando validez a la tesis de la acusación que consideraba que en nuestro país las autoridades, tanto estatales como autonómicas, no hicieron los controles oportunos para evitar la plantación de viña ‘ilegal' durante las campañas 2003 y 2004.

Consideran que las inspecciones que se llevaron a cabo en ese momento estuvieron dirigidas a las parcelas que precisamente se habían acogido a los mecanismos previstos para la regularización de las plantaciones que estaban fuera de norma, mientras que los que permanecían en la ‘ilegalidad’ evitaban los controles.

Las consecuencias
Las autoridades consideran que la existencia de estas plantaciones ilegales conlleva el aumento del stock en el mercado vitivinícola que contribuye a agravar la situación del sector que se ha visto obligado en muchas ocasiones a solicitar fondos para poner en marcha medidas como el almacenamiento o la destilación para subir los precios siendo responsable de ello, en parte, la existencia de estas ‘viñas ilegales’.

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Los derechos de plantación, a debate

Ya en febrero del pasado año y bajo el título ‘Arrancar ahora para plantar en 2015, el negocio de la OCM’ advertíamos en esta sección de las intenciones de la Unión Europea de acabar con los derechos de plantación de viñedo en esa fecha a pesar de las ingentes cantidades de dinero que se han empleado en arrancar viñedo, no sólo en nuestra región sino en toda España, con el objetivo de lograr un equilibrio en el mercado que pudiera deparar precios justos para el productor.
   
Es por ello que bajo este debate de si es apropiado o no la liberalización de derechos esta sentencia  viene a dar la razón al sector que considera que esa medida contribuiría a empeorar la difícil situación que atraviesan y se la quita a las autoridades comunitarias que ante las presiones recibidas por los distintos países productores parece haber retrocedido y anunciado que se estudiará con detenimiento las sugerencias de los viticultores. Sin embargo según parece, la multa no se perdona