La declaración del Grupo Socialista poco antes del inicio del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha sirvió para volver a relacionar las acciones del Partido Popular de Castilla-La Mancha con los intereses políticos de la presidenta regional en su deseo de mantenerse como secretaria general del partido en el Gobierno.
   
No es la primera vez que se relacionan las negociaciones por los necesarios apoyos de Valencia y Murcia para lograr una votación unánime a la propuesta del congreso. Este periódico así lo denunció en su momento, cuando fue evidente que la propuesta unánime que las Cortes Regionales remitieron al Congreso de los Diputados para la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha no saldría adelante con el apoyo del nuevo equipo dirigente encabezado por Dolores de Cospedal.
   
Ahora, sin embargo, la situación es diferente, dado que Dolores de Cospedal ha logrado el apoyo explícito de González Pons y el resto de la dirección nacional de Génova para mantenerse en un cargo desde el cual puede presumir de la victoria electoral más aplastante de las últimas legislaturas, y la recuperación no sólo de la Presidencia del Gobierno para Rajoy, con el paso previo del acceso, por primera vez en 30 años, de los populares al gobierno de esta región.
   
Es cierto que el anuncio del ministro de Agricultura acerca del intento de volver a lograr un Plan Hidrológico Nacional de consenso pone el tema del Trasvase, y también del Júcar, en primera línea de fuego de la acción política de los gobiernos regionales en estos momentos. Y que parece lógico que el PP se ahorre el trámite de tener que rechazar la propuesta elevada por las Cortes en la pasada legislatura.
   
Pero también es lógico que la oposición desconfíe, y pida explicaciones. Sobre todo porque la urgencia de la propuesta a las Cortes se presta a relacionarla con el Congreso del PP. Forma parte del juego político, y, en este tema, los ciudadanos estamos prestos a atender cualquier explicación.