Representanes políticos y sociales de Albacete ensalzan y enjuician a partes iguales la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modifica la Ley del Aborto. La norma fue aprobada hace escasos dos años y permitía interrumpir su gestación a las mujeres embarazadas de hasta 14 semanas.

Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia volvió a incidir ayer en la necesidad de reformar la actual Ley de salud sexual y reproductiva, una norma popularmente conocida como Ley del Aborto.

La normativa salió adelante en febrero de 2010, -con 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención-, y otorgaba a las mujeres la capacidad de decidir en las catorce primeras semanas de embarazo si continuaban o no con la gestación. La Ley les concedía total libertad de decisión con independencia de si su embarazo era fruto de una violación, el feto presentaba malformaciones o el proceso suponía un grave riesgo para la vida de la madre.

Promovida por los socialistas la nueva legislación llegaba 25 años después de la despenalización del aborto por parte del Tribunal Constitucional, organismo que en la actualidad valora el recurso presentado por el Partido Popular en el que se aseguraba que ésta era una Ley “inaceptable e inmoral”.

Pero, sin duda, el punto que más asperezas levantó era el relativo a la edad mínima de la madre para decidir.

La actual Ley de Autonomía del Paciente otorgaba mayoría de edad sanitaria a quienes hubieran cumplido los 16 años, siempre y cuando el tema de la consulta no girase en torno a ensayos clínicos, reproducción asistida o aborto. En el texto de 2010 este último supuesto desaparecía permitiendo a las jóvenes de 16 años someterse a un aborto sin necesidad de contar con una autorización paterna. En su día, el actual presidente del Gobierno calificó como “inaceptable” el hecho de que “un padre o una madre vea que su hija puede abortar sin su conocimiento y consentimiento” y recurrió la norma al Constitucional.

Dos años después y con el PP en el mandato, el titular de Justicia ha anunciado la modificación de la Ley aún sin conocer la resolución del Tribunal Constitucional. Así, explicó que éste ya se ha pronunciado y explicó que el organismo estudió, en profundidad el tema hasta en tres ocasiones. “El TC valoró el tema en 1985, y también en 1996 y en 1999”. Por ello, aseguró que la reforma gubernamental irá encaminada hacia esa dirección. Y aseguró que la legislación en la que trabaja contemplará también la protección al ‘concebido y no nacido’. “En la actualidad, esta figura no cuenta con ningún tipo de protección jurídica. Está sometido a una total desprotección”, aseguró.

"Que nadie se vea abocada a abortar"

Llanos Navarro, la concejal de Mujer del Ayuntamiento de Albacete, valoró de forma muy positiva la decisión de Alberto Ruiz Gallardón de modificar la actual Ley del Aborto. Así, explicó la satisfacción existente en el seno del PP albaceteño, un partido, dijo que defiende “el derecho a la vida por encima de cualquier otra consideración”.

Navarro abordó también la intención de Gallardón de reconocer el derecho a la maternidad. Así, explicó que el Partido Popular trabajará porque “ninguna mujer se vea abocada a tener que abortar”. Debemos ser capaces de prevenir esas situaciones, aseguró la responsable municipal de Mujer, al tiempo que apuntaba que en el aborto la primera víctima es el hijo y la segunda, la madre.

"Es una vuelta al sentido común"

Paloma de Castro, la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas, apuntó que la decisión del Gobierno podría verse como “la vuelta al sentido común y la recuperación de la cordura perdida con la licencia para matar”. Aún así, alarmó de que todavía queda mucho camino para acabar con la imperante “cultura de la muerte”.

La albaceteña apuntó que es una pena que “tengamos que defender al indefenso” y criticó que ciertos sectores de la sociedad se crean con capacidad de decidir quién vive o no. “El ser humano tiene derecho a vivir, y cualquier supuesto que lo ponga en duda es injusto”, aseguraba al tiempo que reconocía que no  deberíamos estar tranquilos porque cualquiera podría decidir sobre nosotros.



Oliver critica “el descenso experimentado en materia de derechos y libertades públicas”

Carmen Oliver, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, lamentó: “el descenso en  derechos, libertades y garantías, experimentado en el escaso tiempo que el Partido Popular lleva en el Gobierno“.

Oliver apuntó que la norma de 2010 daba igualdad de oportunidades a todas las mujeres, independientemente de su situación económica, y recordó que cuando el aborto no estaba legalizado seguían practicándose interrupciones que, en algunos casos, tenían nefastas consecuencias para las mujeres. Por ello, Oliver puso en valor el hecho de que, por ley, se establezcan garantías y condiciones jurídicas y sanitarias que protejan a las féminas.

La viceportavoz socialista denunció que el PP va a actuar sin consenso político y que modificará una Ley con poco recorrido cuyo resultado no ha podido valorarse. “Creemos que se merecía un tiempo de continuidad en el que se pudiera conocer lo positivo o no de su puesta en marcha”.

Asimismo, matizó que el hecho de prohibir no va a evitar que aquellas mujeres que no deseen seguir adelante con su embarazo lo hagan.

La socialista significó que esta decisión supone “un retroceso más” y apostó porque la gente saldrá a las calles a manifestar su desacuerdo. “En estos meses han sido muchos los que han manifestado públicamente su desacuerdo con el PP”.

“La Ley no obliga a nadie y permite que cada uno actúe según su moral”

“La Ley no obliga a abortar a nadie, está a la altura de los tiempos, y permite que cada uno actúe según su moral. Tenemos una Ley que está a la altura de los tiempos y a la madurez de las personas”. Con estas palabras se refería Victoria Delicado, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, a la decisión del ministro de Justicia de modificar la actual Ley del Aborto.

Delicado expresó que la modificación pretendida por el Gobierno será un enorme paso atrás y apuntó que hay leyes a nivel internacional más avanzadas que la que ahora propone Gallardón. “La Organización Mundial de la Salud reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es una medida adecuada para favorecer que haya una maternidad libre”.
Delicado defendía el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su deseo de ser madres. “Es tan lícito continuar con el embarazo como interrumpirlo”, apuntaba.

La edil explicaba que el deseo de Gallardón de reconocer “el derecho a la maternidad” es algo redundante, y aseguraba que en la actualidad ya existe protección para éstas. “Desde los años 80 hay una práctica de salud en la que se lleva a cabo un seguimiento del embarazo, del parto y del postparto”, recordaba al tiempo que aseguró que el PP busca imponer “una determinada concepción moral”; por ello, dijo, deberían plantearse un referéndum en el que la sociedad votara la norma.

“El 70% de la población está a favor de la Ley del Aborto"

Para Mayte Márquez, representante de Asamblea de Mujeres, la modificación de la actual Ley de Salud Sexual  y Reproductiva supondría una vuelta atrás en el tiempo. “Sería un retroceso en valor mucho mayor de los 30 años reales que separan a la normativa actual y a la revisión de despenalización llevada a cabo en 1985”.

Márquez explicó que la sociedad ha evolucionado y con ella lo han hecho las leyes. Buena muestra de ello, significó, son los avances que en materia de sexualidad se han hecho en la legislación internacional.

La responsable alarmó de que la modificación de la norma supondría un agravio comparativo entre aquellos que cuentan con posibles económicos y quienes tienen una situación financiera más complicada.
Además, denunció el intento, “de unos pocos”  de imponer su moral a toda la sociedad.

En colación a las palabras de Alberto Ruiz Gallardón en las que aseguraba que el objetivo del Gobierno pasaba por dar protección a quienes no la tenían, Márquez aseguró que si el Ejecutivo central estuviese interesado en garantizar la calidad de vida no habría limitado la adquisición de la píldora del día después. “Se trata de una pastilla anticonceptiva, no abortiva”. “Que se preocupe por la vida en el momento de su existencia, algo que han demostrado no llevar a cabo cuando rechazan, entre otras, la Ley de ‘muerte digna”.

Márquez apuntó la existencia de informes en los que se valora la existencia de la Ley de plazos. Así, dijo, “el 70% de la población está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la madre”, incluso, matizó, “existen sectores católicos que reconocen la necesidad de que esto se haga con garantías legales”.

Impedir legalmente que quienes no desean seguir adelante con su proceso de gestación puedan interrumpirlo, supondría, en opinión de Márquez, “una vuelta a la clandestinidad y a la inseguridad sanitaria” e incrementaría, asegura las corruptelas en este sector.