EL juez Baltasar Garzón ha sido condenado a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación, según entencia dictada por la sala del Tribunal Supremo que juzgó la denuncia presentada por los abogados cuyas conversaciones con sus clientes fueron intervenidas. Esta sentencia, dictada por  unanimidad de los siete magistrados, supone el fin de su carrera judicial, aunque no el final de su carrera mediática ni de su actividad política nacional e internacional en defensa de los derechos humanos.

Las reacciones a esta sentencia han sido muy variadas, pero resulta sorprendente que quienes defienden a un juez, cuya labor ha sido en ocasiones muy controvertida, decidan que la sentencia es injusta y pongan en duda la legitimidad de todo nuestro sistema de garantías, que es precisamente, lo que defiende el Supremo en su sentencia.

Garzón es un ciudadano más. Con su relevancia, con su trabajo, con su labor, pero un ciudadano más, y como tal, no cabe exigir para él un trato especial. Quienes entienden que las garantías constitucionales pueden ser violadas a instancias de un fin superior, y por un profesional que puede mostrar en su haber múltiples servicios a la Justicia y a la Patria, estarían defendiendo que un guardia civil, con enormes casos resueltos en la lucha contra el terrorismo, puede ordenar detenciones ilegales, o que una brigada contra el narcotráfico puede traficar con drogas sin control judicial.

Los sistemas de garantías constitucionales, que basan su fuerza moral en el respeto a un Estado de Derecho, observan de vez en cuando que peligrosos delincuentes salen a la calle antes de tiempo, o que algunos procesos quedan anulados por la ilegalidad de procedimiento en la obtención de alguna prueba. Los jueces de instrucción no son fiscales. Tienen un enorme poder en sus manos, que debe ser ejercido con responsabilidad y, sobre todo, con plena conciencia delos límites que impone la Ley, mal que nos pese en ocasiones.

En un Estado de Derecho, y en una democracia, especialmente, el fin no justifica los medios. La condena de Garzón reafirma estos principios, aunque somos conscientes que hoy, al delincuencia organizada tiene algo que celebrar. Y eso, aunque sea justo, duele.