“La función del juez es juzgar”, son las primeras palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, al referirse a la sentencia que inhabilita a Garzón. Reconoce no saber de otro precedente igual, en una entrevista en la que el magistrado ha vuelto a reclamar más jueces para Castilla-La Mancha.

Casos mediáticos, sentencias polémicas, cambios en la cartera, reforma de leyes, son aspectos que han convertido a la Justicia en el epicentro de muchas miradas, unas agradecidas y otras no tanto, que no dejan de ser matices propios de un Estado democrático en el que todo el mundo puede juzgar, pero solo unos pocos son los que gozan del privilegio y la obligación de aplicar la Justicia. Vicente Rouco es uno de ellos y por eso y por su condición de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, El Día de Albacete ha querido analizar lo que está sucediendo dentro de la actual cartera judicial, pocas horas después de que se conociera la sentencia de inhabilitación del juez Baltasar Garzón. Un caso sin precedente en la Justicia española y que Vicente Rouco valoró en exclusiva para este diario.

—Señor Rouco, ¿qué valoración hace de la condena dictada por el Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón?

—La función del juez es juzgar, y condenar a una persona siempre implica un ejercicio de responsabilidad. El caso de Garzón no habrá sido una excepción a ese sentimiento que cualquier juez humanamente puede tener, cuando cumple con su función y ésta implica la imposición de una pena. Estoy convencido de que el Tribunal Supremo ha condenado desde el más absoluto respeto al principio de legalidad y no me cabe duda de que es una sentencia sólida, jurídicamente muy fundada, con unos hechos probados claros. El Tribunal Supremo ha cumplido el papel constitucional que le confían las leyes. Está compuesto además por los siete magistrados más cualificados de la carrera judicial española. Por consiguiente, muestro el más absoluto respeto a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, aunque sea dura, pero la ley es igual para todos. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un juez, que debe ser el más absoluto servidor y respetuoso de la misma.

—¿Qué le parecen las reacciones de una parte de la sociedad surgidas a raíz de la misma?

—Se están escuchando manifestaciones absolutamente demenciales, porque realmente no se valoran los argumentos en sí ni los hechos de la sentencia, sino que se entra en calificaciones. Reitero que se trata de una sentencia sólida y muy respetable, aunque en el plano personal me pueda doler porque se ha condenado a un compañero. Pero también es doloroso que se declare probado que un juez ha prevaricado. Los hechos por los que ha sido condenado el señor Garzón no tienen precedente en la historia judicial española. No recuerdo ni un solo caso en que un juez, al márgen de los casos de terrorismo, haya autorizado que se graben las conversaciones de unos abogados con sus defendidos en los locutorios de una prisión. Es una cosa gravísima.

—¿Cómo quedará la Justicia española, después de que haya sido noticia en todo el mundo el hecho de que uno de los jueces más reconocidos vaya a ser procesado, en muy poco tiempo, por tres causas distintas?

—No me preocupa la imagen de la Justicia española, sino que lo que hay que plantearse es que nadie está por encima de la ley y que un juez está sometido al Derecho y no puede traspasarlo. Si el juez o los poderes públicos pudieran hacer lo que les plazca para llevar a cabo una investigación, estaríamos en un estado totalitario o incluso peor. Creo que cuando se analicen los hechos de este proceso resplandecerá la razón, ya que no recuerdo ningún país de nuestro entorno civilizado donde se permita que se graben las conversaciones de los abogados con los defendidos. Esto está rechazado de manera unánime por la jurisprudencia de los más altos tribunales, e incluso, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero si hablamos de imagen, considero que si se analiza detenidamente las garantías que ha tenido el proceso del juez Garzón, creo que no va a haber ninguna duda de que la Justicia española es impecable e igual de democrática que cualquier país de Europa o de los considerados democráticos.



—Se ha llegado a decir, desde ciertos sectores, que todo esto es una trama contra la figura del juez Garzón. ¿Considera usted que esto haya sido así?

—Pensar que el Tribunal Supremo hace eso, sería decir que el Tribunal Supremo está prevaricando. En absoluto lo creo, sino que son descalificaciones e instigaciones inaceptables que buscan desacreditar el resultado del proceso para engrandecer la figura de una persona que sí, que indudablemente habrá prestado sus méritos a la justicia, pero que eso no le da derecho a delinquir.

—Centrándonos ahora en la llegada de Alberto Ruiz Gallardón al Ministerio de Justicia, qué le parecen las reformas propuestas por el nuevo dirigente de la cartera judicial?

—Desde el punto de vista técnico, en conjunto me parecen bien y razonables, aunque también es cierto que inciden sobre temas que son objeto de debate. Además, diría incluso que se puede ir en la línea de la mejora de la justicia por reformas de tipo técnico que afectan a cuestiones que pueden ser sensibles socialmente, sin demasiado gasto. Lo que viene a ser, por tanto, una apuesta bastante inteligente en tiempos de austeridad.

Se va a reformar, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a los vocales, una medida posible y legítima, y es que ya el Tribunal Constitucional, cuando analizó el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, advirtió de los peligros que podría haber si la elección se hacía con criterios de los partidos. Respeto el sistema de elección actual, he trabajado con él, pero personalmente, a mí me parece mejor confíar a los jueces la elección de los vocales, lo he defendido siempre.

—La reforma judicial incluiría también la implantación de la pena continuada revisable, que hay que dejar claro que es distinta a la cadena perpetua. ¿Cuál es el por qué de esta medida?

—Es una novedad en nuestra legislación, pero que ya se contempla en la de otros países europeos. Es un proyecto razonable, con la finalidad de dar una respuesta a una parte importante de la sociedad que pide un castigo más duro contra crímenes execrables en los que la pena, sobre todo por la limitación máxima de treinta años por el cúmulo de penas, conduzca a una sensación de impunidad del delincuente. No es una cadena perpetua, sino una fórmula cuyo mecanismo es fijar una duración de pena de prisión indefinida, pero revisable cuando se den una serie de circunstancias para armonizar la finalidad de castigo y la de reinserción social, de acuerdo con la Constitución.

—¿Hasta que punto puede influir el peso mediático de ciertas causas dentro de la Justicia? (Véase el caso Marta del Castillo)

—El Poder Judicial es consciente de la importancia de transmitir a la sociedad cómo se actúa y no de dar la sensación de oscurantismo, sino de transparencia. Pero a veces no todos los medios son iguales a la hora de informar de una manera responsable. Los jueces se limitan a aplicar las leyes, con una serie de principios y garantías, para que la justicia no se convierta en una venganza descarnada. En el caso de Marta del Castillo, el Tribunal de Sevilla ha hecho un esfuerzo de razonamiento y se ha pronunciado sobre las pruebas suministradas. Es posible que quien ha perdido a su hija no encuentre reparación en la sentencia, pero hay que tener en cuenta que en esta causa las pruebas directas eran complicadas, la única era la declaración del propio acusado y se le condenó a la pena máxima por asesinato.

Se debe respetar, por tanto, el trabajo realizado por el Tribunal de Sevilla, hacer juicios irreflexivos no es nada sano en esta sociedad porque desquebrajamos la confianza en una pieza fundamental como es la Justicia.

—Gallardón también propone la modificación de la Ley del Aborto, otra cuestión que ha suscitado mucha polémica.

—Es una cuestión que roza aspectos y valores muy delicados y es inevitable que se produzcan debates y conflictos. Dentro de las acciones de un legislador está la de modificar las leyes, aunque sería bueno encontrar un punto de equilibrio y que no se modifiquen las leyes importantes cada cuatro u ocho años. También es cierto que la ley actual no contaba con el consenso de todo el arco parlamentario. La reforma que se plantea parece que va a volver al sistema de indicaciones, y el debate está en si el correcto es éste o el de plazos, por ello no me atrevo a pronunciarme.

—Centrándonos un poco más en lo que nos afecta o concierne. ¿Cómo se encuentra la Justicia en Castilla-La Mancha?

—Hay mucho trabajo por hacer en la necesidad de mejorar y modernizar la justicia en Castilla-La Mancha para que funcione con la calidad, la rapidez y la agilidad necesarias. La situación actual se caracteriza por la precariedad de medios en muchos de los aspectos que son esenciales para el buen funcionamiento de la justicia. El primero y principal es la insuficiencia de las plantillas de jueces, problema que afecta a toda España. La media de jueces en relación con Europa es escasa, y en el caso de Castilla-La Mancha esa carencia es todavía más acusada, pues la media es inferior a la nacional. Es necesario la creación de unas cuarenta plazas de jueces.

Las infraestructuras necesitan unas mejoras grandes, fundamentalmente las de Albacete o las de Guadalajara. Luego hay juzgados como los de Illescas, Torrijos o Talavera que se han quedado anticuados y que necesitan una remodelación. También hay que incidir en las tecnologías, hay que mejorar las redes de comunicación y los programas informáticos.

Luego hay que sumar que en la Oficina Judicial se ha trabajado de manera precipitada y muy equivocada, y no han dado resultado las experiencias, por ejemplo, en Ciudad Real y Cuenca, ya que no están siendo lo eficaces que deberían.

—¿Cuáles serían las actuaciones más urgentes  que, en materia judicial, deberían llevarse a cabo en Albacete?

—Básicamente las necesidades se concentran en los juzgados de lo Penal de la provincia, que están muy saturados. Ahora mismo cuenta con un refuerzo en funcionamiento, pero no es suficiente, y lo ideal sería ampliar la planta de los juzgados y crear como mínimo dos. Los juzgados de Instrucción también están demasiado sobrecargados, solo hay tres y son pocos. Lo mismo ocurre en los juzgados de lo Social, la Audiencia Provincial y en los juzgados de Almansa, los más saturados del resto de la provincia.

Ya le adelanto como primicia que ante la acumulación de trabajo del Juzgado de Primera Instancia número 3, la sala de Gobierno ha propuesto que se especialice  y que se convierta en un juzgado exclusivo de lo Mercantil.

Creo que la Justicia se ha quedado olvidada. Quizás los poderes públicos se hayan fijado, por una demanda ciudadana comprensible, en temas como la educación, la sanidad o la hacienda pública, a lo que se une que la Justicia es una cuestión de Estado y que debe ser sostenida a lo largo de tiempo. Para ello requiere de apuestas y de inversiones decididas.