Las manifestaciones convocadas hoy en prácticamente todas las capitales de provincia es el primer test para comprobar el posible éxito o fracaso de una convocatoria de huelga general contra la reforma laboral, decretada por el Gobierno y pendiente de ratificación, o modificación, por el Parlamento.

Es evidente que aún no es el momento para una huelga general, entre otras cosas, porque sindicatos y Ministerio mantienen abierta una vía de negociación, al igual que con los empresarios, y que todos sabemos, también los líderes sindicales, que la reforma del mercado laboral es una necesidad imperiosa una condición irrenunciable  impuesta por las circunstancias, los mercados o, simplemente, la troika comunitaria, aparte de un compromiso firmado por el anterior presidente de Gobierno con el consenso del actual.

Las manifestaciones son lógicas. La reforma supone una pérdida importante de derechos adquiridos durante décadas de negociación colectiva. Pero no hay mayor pérdida de derechos laborales que ingresar en las listas del paro, y vivir de un subsidio limitado en el tiempo que poco después deja paso a una mínima pensión de supervivencia.
Esta tarde, las cifras de participación correrán por las redacciones corregidas, discutidas y ampliadas. Será una batalla de imagen con la que los negociadores pretenderán torcer la voluntad del Gobierno en algunos puntos para ellos irrenunciables. Por otro lado, será argumento para la lógica batalla política desde una oposición que observa con desaliento que las duras medidas ya adoptadas no minan las esperanzas del PP de ganar las autonómicas andaluzas, y convertirse en el partido con mayor poder político de la historia de la democracia en España.

El análisis más serio será el que hagan los convocantes a puerta cerrada. Y según se reafirme o modifique el calendario de movilizaciones, podremos analizar qué es lo que han palpado en el ambiente y, sobre todo, si una huelga general tendría sentido o éxito. En la memoria de todos está el relativo fracaso de la última convocatoria, que no se debió a la habilidad o fuerza política de Zapatero y su partido, sino a un desgaste tremendo de los sindicatos después de una legislatura de colaboracionismo político y negociación puramente económica con un Gobierno que seguía dejando a la deriva económica al país.