El encierro por el campo de Sacedón acabó con una agresión a un grupo de antitaurinos que desplegó allí una pancarta. La cadena Telecinco dice que también sus dos reporteros fueron agredidos. El alcalde califica de “esperpento” y “manifestación ilegal” la presencia de miembros de Igualdad Animal.

Como en la riña a garrotazos que pintó Goya, las dos Españas, la antitaurina y la taurina, vivieron ayer en el encierro por el campo de Sacedón un nuevo enfrentamiento de un verano muy caliente, a raíz de la prohibición de las corridas en Cataluña. Un grupo de vecinos respondió con violencia a la provocación de una pancarta del colectivo Igualdad Animal, según las imágenes de la noticia emitida en su informativo por Telecinco, que denuncia que sus reporteros también recibieron pedradas y patadas. El alcalde sacedonense, Román Escamilla, considera que se trató de una “manifestación ilegal” y que la presencia de las cámaras se debía exclusivamente al montaje que trataba de llevar a cabo la asociación conservacionista.
    “En 25 años de encierros por el campo en Sacedón nunca ha habido maltrato”, mantiene tajante el regidor, francamente molesto por lo sucedido. A su juicio, el despliegue de la pancarta desde un puente y la llamada que, a su juicio, hicieron los miembros de la asociación para que las cámaras les acompañasen, fueron hechos “esperpénticos” y se saldaron con una respuesta cuya intensidad no entra a valorar. Escamilla admite que vio que se colocaba la pancarta, pero no la trifulca que se produjo a continuación. “Yo estaba preocupado por que saliese bien el encierro, como ha sido, y sin altercados. Lo que haya pasado sólo lo pueden decir quienes estaban allí”.
    Algunos de quienes se encontraban eran la reportera y el cámara de Telecinco, cadena que emitió una pieza en la que se podían escuchar insultos y amenazas (“les tiramos por el puente”) y se observaba el lanzamiento de piedras, la pelea –mal enfocada por el cámara, en medio de los hechos– y el lanzamiento de uno de los activistas por un terraplén de unos siete metros. “Cuatro personas, tres activistas y el cámara de Telecinco han resultado heridos. La redactora tampoco se ha librado. Y todo ello ante la presencia de dos agentes de la Guardia Civil, que no han podido contener a los agresores”, relataba después la cadena en una nota de prensa alojada en su web.

Cobertura de la protesta
Para el alcalde, “casualmente” este año el equipo de reporteros se ha desplazado a Sacedón, cuando nunca antes lo había hecho, a pesar de que en su nota comenzaban diciendo que cubrieron las fiestas taurinas de la localidad “como en otras ocasiones”. El alcalde lamenta que este medio nacional “no viene aquí cuando decimos que no hay agua”, pero sí para dar cobertura a la protesta de Igualdad Animal: “si querían manifestarse, hay otras formas de hacerlo, pidiendo permisos. Esta protesta ha sido ilegal”, denuncia.
    Mientras, Escamilla defiende la limpieza a lo largo de su trayectoria del encierro campestre de la localidad. “Está autorizado y controlado, según la legislación vigente y con el permiso de los Gobiernos central y regional”. Y, añade: “En Sacedón nunca ha habido ningún problema. Es más, el año pasado el toro volvió a la plaza de toros y muchos dijeron que había sido el mejor encierro de su vida”, recuerda el regidor, para quien la polémica nacional no debería haber tenido jamás como escenario los campos de Sacedón. Según critica, la presencia de los activistas y el despliegue de la pancarta desde un puente de la N-320 fue “peligroso” para la circulación.
    La misma polémica antitaurina ha provocado la suspensión de encierros por el campo en Moratilla de los Meleros y Pastrana.

De Galápagos a Almoguera
No es la primera vez que un equipo de informativos de Telecinco se ‘encuentra’ un episodio de esta naturaleza en la provincia. Hace un año, acudieron a Galápagos, siguiendo denuncias de maltrato de los antitaurinos y donde, según su versión de los hechos, “con muy malos modales, llegando a la violencia, los vecinos del municipio manchego han arremetido contra todo aquel que llevara una cámara”. “¿Por qué esconden sus fiestas anuales?”, acababa este comunicado, en el que decían que estos vecinos campiñeros “son expertos en lanzamiento de botellas y en llegar, incluso, a la agresión para hacerse cintas de vídeo”.
    En relación con estas polémicas, el Ayuntamiento de Almoguera ha aprobado una ordenanza según la cual “las grabaciones fotográficas y de video en los encierros solo podrán realizarse por orden judicial. Solo podrán realizar estas grabaciones las personas autorizadas por este Ayuntamiento, previo pago de lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente, que son 200.000 euros”.