La Diputación Provincial de Cuenca dio luz verde ayer al Plan de Austeridad que se traducirá en una reducción del 33% del número de liberaciones, la reducción del sueldo del presidente en un 15%, del sueldo de los diputados liberados y de los vicepresidentes del Consorcio de Medio Ambiente y del Organismo Autónomo de Recaudación en un 10%, del sueldo del resto del personal eventual entre un 6 y un 8% y de un 10% en las retribuciones por asistencia a Plenos y Comisiones Informativas. Unas medidas que fueron aprobadas en sesión extraordinaria con los votos a favor de los catorce diputados socialistas y el rechazo de los once populares y que generarán un ahorro para las arcas provinciales de 355.000 euros anuales. Tal cantidad irá destinada a disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo de la administración provincial.          

El plan de adelgazamiento de los cargos públicos supone el cese de seis plazas, tres del Grupo Socialista y otras tres del Grupo Popular, que se harán efectivas a partir del próximo día 1 de julio. Por parte de los socialistas quedan fuera del organigrama los cargos de vicepresidente del Consorcio de Instalaciones Deportivas, que ostentaba Yolanda Córdoba; el vicepresidente del Consorcio de Extinción de Incendios 112, Javier Priego; y el asesor de grado medio del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, Raúl López. Por su parte, el Grupo Popular rechazó dar los nombres de las personas de su partido que quedarán fuera de la institución por considerar que se trata de una iniciativa “injusta”, “antidemocrática” e “insuficiente”. Los populares tienen ahora una semana de plazo para decidir quién de sus miembros abandona una de las dos liberaciones, así como la plaza de eventual. En caso contrario, será el propio presidente de la institución, Juan Ávila, quien determine estos ceses. La tercera plaza suprimida del Grupo Popular es la de asesor de grado medio, que ocupa actualmente Miguel Ángel Gómez Alarcón.

La aprobación de este plan llegó después de un intenso y acalorado debate de cerca de una hora de duración en el que el Equipo de Gobierno rechazó las 27 medidas presentadas por el Grupo Popular que contemplaban un ahorro de 1,8 millones de euros. “El nuestro es un plan real de austeridad que no vería menoscabados los servicios que se prestan a los ayuntamientos ni las inversiones en la provincia”, comentó el portavoz de los populares, Rogelio Pardo, que consideró que “lo único que pretenden los socialistas es aniquilar a la oposición con este plan injusto, antidemocrático, contrario a la ley y al sentido común e insuficiente”. En este sentido, instó al Equipo de Gobierno a realizar una reducción de los cargos que sea “proporcional” para ambos grupos. “Lo que no puede ser es que a un pobre que tiene cinco pesetas se le quiten tres y a un rico que tiene mil millones de euros se le quiten también tres pesetas”, recalcó Pardo.                        

“Hay que dar ejemplo”       

Por su parte, desde el Equipo de Gobierno se argumentó que las medidas planteadas por la oposición “no tocaban ni un céntimo de sus bolsillos, mientras que todo el sacrificio era para el resto de los conquenses de la provincia”. “Los responsables políticos tenemos que dar ejemplo por nosotros mismos y ser coherentes”, dijo la portavoz Carmen Torralba, que recordó que el presidente de la Diputación rebajará su salario en un 15%, lo que supondrá 10.500 euros menos.            

Entre el resto de medidas que contempla el Plan de Austeridad y que están encaminadas a reducir el déficit público está también la de contención del gasto en servicios extraordinarios a realizar fuera de la jornada laboral o la planificación de los trabajos a desarrollar en cada área, entre otras. 

El estímulo de la economía y la solidaridad, a debate

Otro de los puntos contemplados en el orden del día de ayer fue la propuesta del Grupo Popular de instar al Gobierno de España a no aplicar la subida del IVA que fue aprobada ya en el Congreso de los Diputados. Una medida que fue rechazada con los votos en contra de los socialistas, que arguyeron que la institución provincial no tiene competencias para revocar una ley nacional. El dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales dio lugar a una discusión sobre las políticas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos popular y socialista en su tiempo de gobierno al frente del país. Mientras que para el partido de la oposición, el incremento del IVA supone una penalización del consumo y un mayor empobrecimiento de los parados, los socialistas les acusaron de demagogia y aseguraron que medidas como ésta son necesarias en la coyuntura actual y aseveraron que las prestaciones sociales del país están entre las de primer nivel de Europa.

Aumentar la partida a Cáritas

El segundo punto que se abordó durante la sesión de ayer vino de otra propuesta popular dirigida a aumentar la partida presupuestaria asignada a Cáritas Diocesana. Los catorce votos en contra del Grupo Socialista obstacularizaron que saliera adelante el proyecto para incrementar la cuantía prevista en los Presupuestos Generales de 2010 en 120.000 euros más, lo que según la diputada Anunciación Martínez, obligaría a realizar una modificación presupuestaria. Además, el Equipo de Gobierno aclaró que “los socialistas no quieren caridad para los que menos tienen, sino que se reconozcan sus derechos”. Por su parte, el Grupo Popular recalcó que “Cáritas representa lo mejor de la sociedad, creando puestos de trabajo así como centenares de colaboradores y voluntarios anónimos que dedican buena parte de su vida y sus recursos económicos a la solidaridad con los más necesitados”.

La modificación del CONSORMA cayó en saco roto

Dentro del orden del día se incluyó una propuesta de los populares para realizar modificaciones en los estatutos del Consorcio de Medio Ambiente (CONSORMA) con el objetivo de “adaptarlos a las nuevas necesidades de los ayuntamientos”, tal y como explicó el diputado popular Ángel Mariscal. La propuesta cayó en saco roto al recibir el voto negativo de la totalidad de diputados de la bancada socialista. Una posición que estuvo basada en la “plena autonomía de este órgano para tomar sus propias decisiones, tal y como aclaró el diputado de Medio Ambiente”, Marino Martínez Guijarro, quien recalcó que “la Diputación no tiene ninguna prerrogativa especial para contradecir cualquiera de las decisiones del Consorcio”.

—”Autonomía” del CONSORMA—

Por su parte, el Grupo Popular subrayó la importancia de la modificación de los estatutos para adaptarlos al nuevo decreto y para cumplir con los objetivos de gestión de residuos sólidos urbanos y quiso profundizar en las funciones del CONSORMA. No obstante, Martínez Guijarro insistió en la autonomía de este órgano e instó al diputado Mariscal a dirigirse directamente a la Junta General del Consorcio de Medio Ambiente para trasladar su propuesta. Asimismo, la portavoz del Equipo de Gobierno, Carmen Torralba, concluyó que su objetivo era “beneficiar exclusivamente a la capital conquense en detrimento del resto de la provincia, incluyendo a los municipios más pequeños”. “Esta es la solidaridad que demuestran los señores del Partido Popular con nuestra provincia”, dijo Carmen Torralba.