Argumenta que las acuasaciones del PP no se basan nada más que en "vaguedades" de informaciones periodísticas y rechaza su petición de abrir una investigación.

La respuesta de la Fiscalía al requerimiento del PP para que investigue los incrementos patrimoniales del presidente del Congreso, José Bono, no se ha hecho esperar y ha sido una negativa.
Según informa J. Mª Brunet en el periódico La Vanguardia, la respuesta de los fiscales incluye la acusación de que la pretensión de los populares es equivalente a abrir un proceso inquisitorial contra Bono, afirmando que no existen indicios de delito y que lo que se solicita es poner en marcha una investigación para comprobar ciertas sospechas no basadas en hechos contrastados.  
En el artículo se explica que el PP ha basado sus acusaciones en meros comentarios y valoraciones de medios de comunicación recordando que “no existe ninguna norma que tipifique por sí solo el incremento patrimonial como delito” aunque se desconozca su origen. Continúa la Fiscalía explicando que para abrir una investigación es necesario vincular ese incremento con un hecho delictivo.
En cuanto a la supuesta doble vara de medir con respecto del caso Camps la Fiscalía recuerda que a éste se le está investigando en virtud de denuncias concretas por un posible caso de corrupción. En el caso de Bono no se aportan datos de la existencia de un delito de cohecho y su relación con el empresario Rafael de Santamaría no es indicio de irregularidad, aunque tenga dimensión económica, sino se vincula al ejercicio de algún cargo público por parte de Bono.
Reprocha la Fiscalía al PP que se base en informaciones que “reflejan la vaguedad” de las acusaciones.