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Sábado, 23 septiembre 2017

Irracionalismo independentista

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BLOGS | José Manuel López García 0 Comentarios

El ejecutivo ha hecho valer su legítimo poder para parar el incumplimiento del ordenamiento jurídico.
Sin complejos y sin dudas se ha puesto a actuar la maquinaria del Estado de Derecho. Es lo que estaban esperando decenas de millones de ciudadanos españoles que quieren el respeto a las leyes y a los procedimientos democráticos que están vigentes para todos, sin excepciones.

 


Las razones y justificaciones de los dirigentes independentistas catalanes son falaces o engañosas, porque  se basan en falsedades. En todo estado verdaderamente democrático se respetan y obedecen las leyes y normas existentes. 

 

Y, si se quiere cambiarlas, existen también procedimientos parlamentarios establecidos que hacen posible, al menos, un cambio o modificación en algunos artículos de la Constitución. Lo que no vale democráticamente es saltarse la ley y las normas a capricho diciendo que es lo deseado por el pueblo catalán o por  una parte del mismo siendo más exacto.

 

El delito de sedición es muy grave y está recogido en el Código Penal. El acoso y la violencia que están sufriendo la  Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña estos días es un resultado del caos, la violencia y la irracionalidad que hacen acto de presencia en algunas calles de  Barcelona y del resto del territorio catalán.
No debe extrañar que el Gobierno haya enviado más policías para mantener el orden público e impedir que se celebre el referéndum del 1 de octubre. 

 


Es lo lógico y lo que todo estado debe hacer para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos en el territorio catalán, con el fin de que se cumplan las leyes aprobadas democráticamente por el parlamento español que es el depositario de la representación política de los que gozan de la nacionalidad española.
La tergiversación de lo que está sucediendo está siendo realizada por el independentismo, pero ninguna persona  que conozca lo que es una democracia se cree las falsedades que se están diciendo para justificar la celebración de la consulta soberanista ilegal. Es la justificación de lo injustificable. 

 

En ningún estado civilizado y realmente democrático se puede permitir un desafío semejante a las instituciones democráticas: altos tribunales, jueces, Gobierno, fuerzas de seguridad, etcétera.

 


Incluso el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación Méndez de Vigo ha llegado a afirmar que se puede iniciar un diálogo, si no se celebra el referéndum, y que las fuerzas políticas independentistas podrían intentar cambiar algunos artículos del texto constitucional y, si consiguen la aprobación de una nueva redacción de una parte del articulado de la Carta Magna, podrían lograr el derecho a la celebración de una votación para la autodeterminación o algo similar. Parece sensato lo que se ha planteado. Pero Puigdemont no está por la labor e insiste en que ha puesto en marcha un plan de contingencia o plan B que ya tenía preparado por si ocurría lo que ha sucedido. Algo, por cierto, bastante previsible y esperable.

 


Queda poco más de una semana para el 1 de octubre. La declaración institucional de Rajoy sobre el desafío independentista, a mi juicio, fue impecable, desde una perspectiva puramente democrática y legal. Sin tener en cuenta  consideraciones partidistas o políticas.

 


El sensacionalismo parece que ha aparecido en algunos medios periodísticos italianos, ya que han hablado de guerra catalana. Y no hay tal guerra. Lo que ha habido son tumultos y un clima de tensión social en las calles con acampadas y concentraciones de independentistas protestando, en el fondo, por la aplicación del derecho.

 


En política todo es negociable y se puede dialogar abierta y libremente, pero no se puede negociar el cumplimiento de las leyes. Eso es innegociable. El diálogo no puede iniciarse para poder incumplir un ordenamiento legal que está en vigor y que es democrático. 

 


Y lo que tampoco puede ser es que en algunos países europeos, ante el reto independentista, no se posicionen totalmente en contra de una rendición incondicional del Ejecutivo respecto a las pretensiones ilegales del secesionismo y ante delitos de sedición.

 

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