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Miércoles, 18 octubre 2017
Opinión

PRESOS ¿POLÍTICOS? (Por C.Moral)

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OPINIÓN - ELDIAdigital.es | C.Moral 0 Comentarios

La detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart está dando alas a un independentismo cuyas llamas habían empezado a debilitarse tras varios acontecimientos: la masiva movilización ciudadana contraria al separatismo; la frustrada DUI de Carles Puigdemont del pasado 10 de octubre; y la estampida de empresas fuera del territorio catalán.

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Al igual que ocurriera con las cargas policiales que se produjeron el día del referéndum ilegal, la detención de los “Jordis” no solo da fuerza a las aspiraciones anticonstitucionales del Govern de la Generalitat, sino que ha abierto un amplio debate social sobre si deben ser considerados “presos políticos”. ¿Son los dirigentes de Òmnium Cultural y la ANC presos políticos? Nada mejor que un argumento cargado de pasión y vehemencia para crear un discurso que llegue al corazón de la gente. La emoción es capaz de suscitar más aceptación que cualquier reflexión basada en sólidas razones. Y esto es lo que ha pretendido hacer el movimiento nacionalista. Sin embargo, y para decepción de muchos, la definición de “preso político” no se ajusta a la realidad de Sánchez y Cuixart. Yo más bien hablaría de políticos presos.

 


A quienes consideran que los “Jordis” son presos políticos: ¿Podrían indicar en qué artículo del Código Penal se castiga a alguien por sus ideas o actividades políticas? Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han sido condenados a prisión sin fianza por la jueza instructora del caso por un delito muy claro: promover y dirigir las protestas del 20 y 21 de septiembre cuyo objetivo era proteger unas instituciones y unos gobernantes en lugares donde se llevaban a cabo actividades policiales. O dicho de forma más simple: Sánchez y Cuixart alentaron movilizaciones que atentaban contra una decisión judicial y, por lo tanto, contra la aplicación de las leyes. Y no hay nada más democrático que la aplicación de las leyes para garantizar la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos. 

 


¿Pacíficas? Dichas movilizaciones fueron de todo menos pacíficas. ¿Qué hay de los vehículos de la Guardia Civil que fueron destrozados? ¿Y de la secretaria del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que se vio obligada a salir de la Consejería de Economía de la Generalitat a través de una azotea?

 


Para quien cree en la democracia real, la separación de poderes es una premisa inamovible, le pese a quien le pese. La justicia no obedece a órdenes políticas, sino que se ajusta a la ley vigente y los “Jordis” están en prisión acusados de un delito de sedición que sí recoge el Código Penal.

 

 

“Donde dije Digo digo Diego”

 


Resulta interesante echar mano de hemeroteca para comprobar cómo lo que hoy no es constitutivo de delito para la Generalitat de Catalunya, sí lo fue el 15 de junio de 2011, día que el Parlament debía debatir los presupuestos y unas 600 personas se congregaban en una protesta convocada por el movimiento 15-M que terminó derivando en un asedio a los diputados catalanes. De hecho, la Generalitat y el Parlamento catalán pidieron hasta tres años de prisión para quien protagonizó dicho asedio que obligó al entonces president de la Generalitat, Artur Mas, a acceder al hemiciclo en helicóptero. 

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