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Lunes, 13 agosto 2018
SALUD PÚBLICA

El rastro del amianto en Toledo: de Ibertubo a Emgrisa y Tragsa

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REPORTAJES | Carmela Clemente 0 Comentarios

• Se calcula que entre 2016 y 2020 morirán 1.319 personas por mesoteliomas

• El Congreso aprobó crear un fondo de indemnizaciones que está en el aire

• Se estima que al menos quedan 90.000 toneladas de vertido de amianto en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia

• El Ayuntamiento de Toledo, la Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo han creado una comisión para buscar una solución tras más de una década de protestas vecinales, este año todavía no se ha reunido

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Recientemente se han reunido en el Congreso de los Diputados los representantes de los cuatro principales partidos políticos, con miembros de la plataforma de “Mi Barrio Sin Amianto” y la asociación de vecinos “El Tajo” para exponerles el problema del amianto en Toledo. Quieren que este tema de salud pública se trate en las comisiones de Sanidad y de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
 
 
 
El problema sigue estando ahí. Tras más de 40 años desde que la empresa Ibertubo se instalara en el Polígono de Toledo, los vertidos siguen estando ahí. La fábrica de fibrocemento permanece ya totalmente desmantelada a la espera de que alguien quiera comprar esa parcela, “a saber lo que puede haber ahí debajo cuando se empiece a excavar”, nos comenta un miembro de la Plataforma “Mi barrio sin amianto”.
 
 
 
Ibertubo comenzó su andadura en 1975, y utilizó fibras de amianto en la fabricación de sus productos, como tubos de fibrocemento, por lo que los más de 200 trabajadores estuvieron en contacto con este material cancerígeno desde  aquella época hasta 2002.
 
 
 
Ibertubo depositó vertidos en forma de lodos con amianto “durante un tiempo”  y sin control, sin acondicionamiento y de forma “totalmente ilegal”, por diferentes zonas del barrio del Polígono, cercanas a la fábrica, donde hoy en día hay urbanizaciones y pisos de vecinos de este barrio. Junto a la extinta Ibertubo  se construye la plataforma logística, propiedad de Montepino, donde irá ubicada la futura nave de Inditex.
 
 
 
Pero, ¿y qué pasaba con las autoridades en aquellos momentos?, ya había conocimientos de los dañinos efectos de la salud que producía el amianto, pero ¿por qué no se hizo nada?, se sabía pero ¿se miró para otro lado? Estas son algunas de las preguntas que se hacen hoy en día los vecinos y ciudadanos de Toledo. Alguien tendrá que tener alguna responsabilidad, más allá, de que además, hoy en día, nadie se quiera comprometer en  invertir los más de diez millones de euros que costaría solucionar el problema de la retirada efectiva de todo el amianto.
 
 
 
En España el amianto se encuentra prohibido de forma contundente desde el año 2001. Eso sí, ya en tiempos anteriores fueron prohibidas varias de sus modalidades. En concreto, en el año 1993 se suprimió por completo el llamado amianto marrón y unos años antes, exactamente en 1984, se hizo lo propio con el llamado azul.
 
 
 
Pero además, en el año 1986 se crea una Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en ese momento ya se establece que las fábricas que producen fibrocemento con amianto tienen dos obligaciones, una darse de alta como productores de residuos tóxicos y, dos, como gestores de residuos. No existen datos de que Ibertubo se diera de alta en la Consejería. Tampoco nadie se lo exige.
 
 
 
En aquella época, el ayuntamiento de Toledo en el año 1996, con Agustín Conde (PP) como alcalde de la ciudad de Toledo, autoriza el vertido de amianto en el Polígono a Ibertubo. Ibertubo, por su parte, abonó 12.900 pesetas al Ayuntamiento para obtener la licencia municipal. Además, tuvo que aportar una fianza de 1.600.000 pesetas para garantizar el correcto sellado de los vertederos según la valoración realizada por el ingeniero municipal. Así aparece reflejado en el acta de la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo del 16 de mayo de 1996.
 
 
 
Pero no continúa ahí, en el año 2000 hay una visita de la inspección de trabajo de la Consejería de Medio Ambiente a Ibertubo, en el documento los inspectores plasman  todos los problemas que tiene la fábrica con respecto a la ley, y suscriben la necesidad de darse de alta como productores y gestores de residuos peligrosos.
 
 
 
¿Necesidad u obligación?  La JCCM, y la consejería aún constatando lo que se producía allí, actuaron de manera muy permisiva, cuanto menos. La ley era de 1986. Ibertubo nunca se daría de alta porque en el 2002 cerró la fábrica siendo ilegal su actuación y servicio.
 
 
 
Sin embargo, los trabajadores de Ibertubo no cejaron en reivindicar por su protección y salud en el trabajo, se sabía del problema, y por ello entre los años 1975 y 1981 los trabajadores de la fábrica del Polígono, que iban sin ningún tipo de protección, realizaron varias huelgas hasta que se empezó a tener en cuenta alguna medida de seguridad para los trabajadores, “de aquella manera, claro”.
 
 
 
No se sabe exactamente qué incidencia tiene la enfermedad porque no existe un listado de enfermos a nivel local o autonómico, se ha preguntado a la conserjería  de Sanidad desde la plataforma “Mi barrio sin amianto” y la respuesta es que “está por debajo de la media”, pero se sabe que existen cinco casos de enfermedades relacionadas con el amianto en el complejo hospitalario de Toledo.
 
 
 
Según fuentes consultadas por este periódico, el problema de los trabajadores de Ibertubo y del por qué no se han juntado para crear un registro de personas afectadas por el amianto, fue que cuando se cierra Ibertubo, en el año 2002, y entra en concurso de acreedores,  hay un periodo de cuatro años con un proceso judicial abierto. Mientras tanto, se desmantelaría la fábrica y se retirarían todos los vertidos y residuos visibles de amianto que quedaban por la zona según lo acordado con Inbisa para vender la fábrica.
 
 
 
Se vende a Inbisa, una inmobiliaria que pagó 16 millones y medio de euros a la extinta Ibertubo.  Inbisa pretendía iniciar las obras de construcción una vez concluyeran los trabajos de descontaminación acordados con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 
 
 
Se suponía que con el dinero que se iba a conseguir tras la venta de la fábrica, se pagarían las indemnizaciones de los trabajadores. Según conversaciones con algún trabajador ese dinero “no fue transparente”, “hay algunos trabajadores que sí cobramos, pero otros…”. Entonces, para qué meterse en más problemas, ¿verdad? “Los trabajadores, al final, cada uno se ha buscado la vida”.
 
 
 
Tras años de abandono y dejadez por parte de la Junta, el cinco de junio de 2014, cuatro colectivos denuncian ante la Fiscalía General de Medio Ambiente de Madrid el problema del amianto del Polígono.  Se trata de la Asociación de Vecinos “El Tajo”, la Plataforma en defensa del Tajo, Ecologistas en Acción, e Izquierda Unida-Los Verdes, que entienden que la situación es ya insostenible, y que alguna administración debería haber tomado cartas en el asunto desde el año 2004.
 
 
 
 A raíz de esta denuncia se empieza a hablar de nuevo del amianto. La Fiscalía considera que es un riesgo para la salud y que hay que retirarlo. La Fiscalía pide a la Junta que haga mediciones de la cantidad de fibra que hay en el ambiente. La Junta se pone a trabajar en el tema, por obligación.
 
 
 
La causa del amianto vuelve a estar latente, y en 2016 la plataforma “Mi barrio sin amianto” y el resto de interesados como asociaciones de vecinos del Polígono y grupos ecologistas, consiguen reunir en una comisión municipal a los tres actores implicados, Junta, Confederación Hidrográfica del Tajo, y Ayuntamiento. Las reuniones se mantuvieron durante ocho meses y al final se aprueba el informe EMGRISA, elaborado por dicha empresa que se dedica al tratamiento de suelos industriales contaminados.
 
 
 
EMGRISA elabora un informe que es aprobado y hace referencia a las posibles soluciones para llevar a cabo la retirada de los vertidos de amianto, además, pone sobre la mesa la situación real de los vertidos. En la actualidad la Junta ha contratado a Tragsa para hacer el sellado de dos de los  terrenos afectados. Tragsa, a su vez, ha subcontratado a una empresa que recoge el amianto.
 
 
 
¿Pero cómo se está haciendo el sellado de estos vertidos de amianto en el Polígono? ¿corresponde a la normativa? ¿Se están llevando los restos de amianto a un vertedero específico para este tipo de residuos? o ¿se está haciendo una inspección de los terrenos para saber si está debidamente sellado? “Ésta se realizará teniendo en cuenta todas las precauciones para este tipo de trabajo, el cual será desempeñado por personal especializado, integrante de una empresa dada de alta en el RERA, y siempre conforme a lo dispuesto en el Plan de retirada del amianto redactado por la propia empresa”.
 
 
 
Este periódico se ha puesto en contacto con el Servicio de Seguridad y Salud Laboral perteneciente a la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, pero no nos han querido facilitar el nombre de la empresa que está recogiendo los vertidos de amianto, a pesar de ser un problema de salud pública que afecta a los ciudadanos de este barrio.
 
 
 
Gemma Ruiz, presidenta de la asociación vecinal, recuerda que no les recibe el consejero de Sanidad y que en numerosas ocasiones han enviado cartas a la presidencia de la comunidad sin obtener ninguna respuesta. Advierte que no van a parar su lucha, y no descartan acudir a los tribunales europeos.
 
 
 
Por su parte, el portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, ha sido preguntado en diversas ocasiones por este tema, apuntando como solución que el Congreso pudiera incluir una partida destinada al vertedero de amianto de Toledo en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
 
 
 
LA CONSEJERÍA EN EL PUNTO DE MIRA
 (Por Damián Villegas, miembro activo de la Plataforma “Mi Barrio Sin Amianto”)
 
 

Los sucesivos gobiernos encabezados por José Bono, a través de la Consejería de Medio Ambiente en sus diferentes modalidades, realizaron una irresponsable gestión de sus competencias en residuos tóxicos y peligrosos, y permitieron que la empresa Ibertubo nunca fuera legal e incumpliera las leyes de Residuos de 1986 y 1998. Además, consintieron que el Ayuntamiento autorizara el vertido de residuos de amianto a 300 metros de las casas del Polígono y en una extensión de 2 kilómetros cuadrados. Hay mucha documentación que lo avala.
 
 

La empresa cerró en 2002 y sus propietarios se fueron de rositas, y ningún cargo público ha dimitido ni ha pedido perdón. Nadie ha pagado por este grave atentado cuyas consecuencias aún desconocemos y que sigue amenazando la salud pública del vecindario de Toledo.
 
 

Más recientemente, dos nuevos desastres han vuelto a poner el foco en la Consejería de Medio Ambiente. Concretamente, el incendio del cementerio ilegal de neumáticos usados de Seseña (Toledo) el 14 de mayo de 2016, y el incendio de una planta dedicada al reciclado de residuos peligrosos en Chiloeches (Guadalajara), el 26 de agosto del mismo año.
 
 

En cuanto al cementerio de Seseña, que empezó a gestarse en 2002 y que en 2003 fue declarado ilegal por no respetar las normas medioambientales, no se ha dirimido ninguna responsabilidad porque ni el PSOE ni Podemos han puesto en marcha la comisión de investigación parlamentaria que prometieron. De nuevo, el obscurantismo político pretende hurtar a la ciudadanía su derecho a saber la verdad.
 
 

En el caso de Chiloeches, el juez mantiene bajo investigación al entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, y a seis personas que ocuparon direcciones generales y jefaturas de servicio de la administración regional, por un presunto delito contra los recursos naturales.
 
 

A tenor de estos escándalos, podríamos inferir que, tradicionalmente, a la mencionada Consejería el Medio Ambiente parece importarle un pimiento. Y si no, que se lo digan a los agentes medioambientales, que están que trinan. Pues eso.
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